Foto: Río Negro de los Chimalapas. Elí García Padilla

Por Josefa Sánchez Contreras

Si algo caracteriza a Chimalapa, la tierra que habitamos los angpøn (zoques), es la abundancia de aguas y ríos. Más de 594 mil hectáreas de bienes comunales compartimos las comunidades agrarias e indígenas de San Miguel y Santa María. Pero más allá de las delimitaciones, el territorio es parte de la llamada selva zoque, el corazón del istmo de Tehuantepec.

Nacer en tierras comunales es resultado de una larga lucha por sostener nuestra existencia como pueblo; para quienes ahí crecimos la oralidad se nos ha revelado como historia viva que narra una interminable defensa de los ríos y montañas. Se trata de relatos marcados por la constante negociación y confrontación a los espolios ejecutados por los regímenes coloniales y liberales, cuya continuidad de despojo en el siglo XX se ha manifestado en conflictos agrarios, en la invasión de empresas madereras y en el desmantelamiento de las tierras comunales que han pretendido las familias de caciques chiapanecos. 

Vive en la memoria del pueblo que en los días de noviembre de 1986, la Asamblea General de Comuneros de Chimalapas acordó recuperar las tierras que Ernesto Castellanos había acaparado, imponiéndose como patrón de la finca cafetalera Casa Blanca. Se les comisionó a 300 comuneros la tarea de impugnar la propiedad privada; con esta legitimidad, el 2 de diciembre rodearon la finca y sigilosamente detuvieron al hermano del entonces gobernador Absalón Castellanos, a su capataz Luis Uvando y a ocho talamontes más. Los chimas liberaron a Ernesto Castellanos, a los nueve detenidos y con ello recuperaron parte de las tierras comunales de la zona oriente (los límites entre Oaxaca y Chiapas).

Como si fuera el ocaso de las fincas, ocho años después, en enero de 1994, los mayas del EZLN detuvieron al cacique Absalon Castellanos, ex gobernador y ex comandante de la 31 Zona Militar. Algo parecido a lo que habían hecho los comuneros chimas, los insurgentes atraparon al finquero en el rancho San Joaquín, ubicado en la comunidad de Momón, municipio de Las Margaritas. El cacique fue sometido a un juicio ante un tribunal revolucionario con los cargos de enriquecimiento ilícito, acaparamiento ilegal de tierras y presunto responsable de diversos asesinatos. 

Definitivamente, la detención de los hermanos Castellanos ha representado un ejercicio de justicia agraria y la liberación de ambos ha significado una lección ética de los pueblos a los terratenientes. Si el fin del siglo XX puso de manifiesto la autodeterminación de los pueblos por recuperar sus tierras, el siglo XXI nos convoca a la defensa de los territorios frente a los violentos despojos extractivistas. En este tiempo en el que la tierra arde (bi nax atzp’a), Chimalapas ve amenazado sus ríos, lagunas y aguas por proyectos de minería a cielo abierto que buscan extraer oro y cobre. Se trata de 7,109 hectáreas de bienes comunales otorgadas en concesión por la Secretaría de Economía a la empresa canadiense Minaurum Gold. 

Desde 2014 que nos enteramos de la amenaza minera, las mujeres y hombres de San Miguel Chimalapa hemos convocado a los pueblos zapotecas e ikoots para defender juntos nuestros ríos, pues el impacto destructivo de la minería alcanzaría la planicie sur del istmo y de forma letal llegaría hasta las lagunas del océano pacifico. El riesgo es la contaminación del agua. Por tanto, desde los pueblos se ha decidido en diversos encuentros regionales ¡No a la mina! Esto se ha plasmado en actas de cabildos municipales y de autoridades agrarias. 

Además de que los ríos nos unen desde las montañas de Chimalapas hasta la planicie zapoteca y las lagunas ikoots, también compartimos territorialmente el intercambio de alimentos: el frijol y la carne de la montaña son apreciados en la planicie, mientras que la variedad de pescados y camarones en distintas versiones son bien recibidos en Chimalapas. El maíz de donde se derivan los totopos y las tortillas siguen siendo la base alimentaria de la región. Por tanto, la amenaza minera sobre nuestros ríos y cultivos es también un atentado a la vida.

En agosto de 2020, la empresa minera intentó obtener permisos en la SEMARNAT para ejecutar 20 perforaciones que suponían tan solo una parte de la exploración. La noticia suscitó reacciones y en el ejercicio pleno del derecho al territorio, los pueblos zoques, zapotecas e ikoots, como en años anteriores, asistieron a la zona concesionada para verificar que la empresa canadiense no estuviera explorando de forma ilegal y desde ahí rechazaron la exploración y explotación minera. Sin embargo, actualmente la concesión sigue vigente y la SEMARNAT no ha hecho público el resolutivo que le dio a la solicitud de exploración de la empresa Minaurum Gold. 

De forma extraña, los medios de comunicación anunciaron la cancelación del proyecto pese a que nunca se canceló, lo real es que la noticia falsa sirvió para cubrir el silencio de la SE y de la SEMARNAT. La concesión minera continua vigente y pese a ello la convicción sigue siendo defender los ríos cuando la tierra arde. 

Retrato de la autora: Archivo IIH-UNAM